Un recurso de apelación reiteró que Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal de la capital, habría cometido delitos en el trámite del caso de Sebastián Medina, el preso asesinado en la cárcel de Villa Urquiza el 22 de noviembre de 2017. Con esta impugnación, la fiscala Adriana Giannoni pretende salvar el requerimiento de investigación jurisdiccional enviado al archivo por Carolina Ballesteros, jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad. La decisión está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que integran los vocales Eudoro Albo y Enrique Pedicone. En simultáneo, Guyot y cuatro altos funcionarios de su oficina afrontan cargos en el ámbito del sumario administrativo que abrió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán como consecuencia del homicidio de Medina.

En el dictamen emitido a comienzos del mes pasado, Giannoni reiteró que el juez había incurrido en omisiones e incumplimientos que perjudicaron la correcta administración de justicia. La fiscala opinó que no importaba si Guyot había tenido la intención de ocasionar la muerte del interno, sino que no reaccionó como debía cuando fue notificado que los presos Medina y José Alejandro Torres Sosa habían sido restituidos a Villa Urquiza, en transgresión de la orden de alojamiento en una comisaría que él había librado. En septiembre de 2017, Guyot había sacado a los dos internos de la Unidad Penitenciaria con el argumento de que corrían peligro por haber denunciado que sus guardias vendían droga. El Juzgado de Ejecución no activó medidas pese a que conocía el traslado irregular y el pedido de auxilio formulado por Medina horas antes de morir.

Luego de citar el testimonio de Ana Silva, la pareja del preso asesinado, y las gestiones infructuosas que aquella llevó adelante para llamar la atención de Guyot, Giannoni expresó que había pruebas para abrir una investigación jurisdiccional. Este procedimiento especial a cargo de un juez está previsto para cuando existen fueros (obstáculos fundados en privilegios constitucionales), como es el caso de Guyot. “La resolución de Ballesteros (que dispuso el archivo) es dogmática y tiene una fundamentación aparente pues, si a su juicio la conducta de Guyot fue negligente y no dolosa, debió hacer lugar al requerimiento de investigación jurisdiccional para dilucidar si existió o no una acción delictiva”, razonó la fiscala en el recurso de apelación.

Según pudo averiguar este diario, Ballesteros archivó el dictamen de Giannoni el 22 de agosto con el argumento de que el proceder de Guyot carecía del dolo que requiere la configuración del delito de violación de los deberes de funcionario público.

Más allá de lo que suceda con Guyot en la Cámara de Apelaciones, la fiscala investiga al ex director de Institutos Penales, Guillermo Snaider; a los agentes penitenciarios Walter Patto y José Cisterna, y a los demás guardias e internos implicados en el crimen de Medina, que fue perpetrado por el preso Alejandro “Pichi” Mendoza. Fuentes judiciales indicaron que sería inminente la presentación del requerimiento de elevación del expediente a juicio oral.

Guyot, y sus entonces funcionarios María Nazaret Rodríguez Ponce de León, Fernando Valladares, Rafael José Domingo Molina y Germán Ricardo Aiquel podrían afrontar sanciones administrativas por el desenlace trágico de Medina. La Corte debe analizar los descargos que todos ellos propongan respecto de los reproches que les formuló el camarista instructor del sumario, Fabián Fradejas. Mientras que el alto tribunal puede disponer por sí mismo la cesantía de los secretarios -máximo castigo-, la expulsión del magistrado exige la sustanciación de un procedimiento en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Con los votos del oficialismo, ese organismo avaló en mayo de 2018 el desempeño de Guyot en el caso de Medina.

La promesa del magistrado

Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal de la capital, explicó que estaba preparando el descargo que debe presentar en el sumario administrativo abierto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y prometió que iba a evacuar las consultas periodísticas después de entregarlo. El magistrado comunicó esta postura ayer luego de que LA GACETA lo contactara para pedirle un comentario sobre los cargos que formuló en su contra el camarista instructor de la pesquisa interna, Fabián Fradejas. Este magistrado atribuyó “un servicio deficiente de justicia” a Guyot en las 48 horas previas a la muerte del interno Sebastián Medina que había denunciado a sus guardias por la venta de droga e inscribió ese desenlace en el deterioro general del Juzgado. Fradejas también formuló cargos a los secretarios María Nazaret Rodríguez Ponce de León, Fernando Valladares, Rafael José Domingo Molina y Germán Ricardo Aiquel.